UNA ARGENTINA PARTIDA EN DOS: Cada vez es más elocuente que el modelo de país que se promueve es el de una Argentina partida en dos. Con habitantes que son beneficiados o condenados por la misma política económica y la falsa dicotomía -por su anticipación- que desde el Gobierno y el kirchnerismo predican: Javier Milei o Axel Kicillof.

La primera dualidad entre macroeconomía versus microeconomía queda expuesta cuando la Casa Rosada busca capitalizar guarismos que no le llegan a una franja mayoritaria de la sociedad, en su día a día. Por caso, en la semana que transcurrió, la administración libertaria pudo ostentar el crecimiento anual de la actividad económica de un 5,5, y del 3,5% en marzo respecto de febrero. También el superávit -exportaciones contra importaciones- de 8900 millones de dólares empujadas por el precio del petróleo, la cosecha, la pesca y otros rubros. Venía del anuncio de una inversión millonaria de 25 mil millones de dólares de YPF y de una baja en la inflación del 2,6%.

Sin embargo, esos números deben convivir con otros que sí impactan seriamente en el bolsillo de la inmensa porción del país. En marzo los salarios registrados volvieron a perder contra la inflación, 2,1% contra 3,4%, por tercer mes consecutivo. Y en poco más de dos años de gobierno libertario -hasta febrero último- cayeron 4,8% la cantidad de empleadores y 3,3% la cantidad de empleados, de acuerdo al Indec. Si se contabiliza que crece la cantidad de personas que salen a buscar un segundo trabajo porque con uno no cubren las necesidades básicas, el laboral ya es un grave problema.

El presidente Javier Milei festejó con su habitual Viva la libertad carajo! El superávit. Algo políticamente incorrecto porque no hay nada que festejar cuando hay tantas personas que la están pasando mal, al menos por ahora. Como en otro momento de la historia contemporánea argentina, la economía es una copa que se llena, pero que no La macro economía también tiene aristas que no permiten el festejo. El Poder Ejecutivo tiene una deuda con el sector eléctrico de unos $ 12.500 millones, a las empresas de colectivos les debe unos $ 115.000 millones y a los trenes más de $ 120.000 millones.También de esa manera, el Gobierno mantiene las cuentas. El problema es cuando esos retrasos afectan -como ocurrió- a servicios de salud como el PAMI o al servicio de pasajeros.